Cuando la ciudadanía marca el límite de la solidaridad

Eduardo A. Gamarra

Hace un par de años, durante un almuerzo con una dignataria argentina que se encontraba de visita, un exalcalde de Miami le dijo a nuestra invitada que la administración Biden había traído grandes cantidades de migrantes a Estados Unidos y los había trasladado en autobús a Nueva York y otros lugares para votar en las elecciones. Cuestioné esa afirmación, pero sin éxito.

El intercambio me quedó grabado por la autoridad de quien formulaba la acusación. Una funcionaria latinoamericana de visita estaba escuchando una explicación sobre la democracia estadounidense de boca de alguien que había ocupado un cargo público destacado en este país. Su posición podía conferir a una acusación partidista la credibilidad de un conocimiento de primera mano.

Los migrantes efectivamente fueron trasladados a Nueva York. Entre las iniciativas de transporte más destacadas estuvo el programa que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció públicamente en agosto de 2022. Los registros de Nueva York de aquella época también identificaban autobuses organizados por la ciudad de El Paso. Estos hechos demuestran la existencia de programas de transporte; no demuestran una conspiración de la administración Biden para importar votantes.

Tampoco llegar a Nueva York confiere el derecho al voto. La legislación federal, por regla general, prohíbe a quienes no tienen ciudadanía estadounidense votar en elecciones federales. El intento de la ciudad de Nueva York de conceder el sufragio a ciertos residentes no ciudadanos en elecciones municipales nunca llegó a implementarse y fue anulado judicialmente en 2025. La afirmación de que se transportó a migrantes para que votaran requiere pruebas que la mera existencia de los autobuses no aporta.

Este episodio ilustra una preocupación más amplia respecto de los latinos y de la democracia estadounidense. Tres fuerzas pueden reforzarse mutuamente: la solidaridad con los recién llegados se vuelve condicional, las prácticas degradantes de control migratorio se vuelven más fáciles de aceptar y los inmigrantes vulnerables pierden la confianza en compatriotas cuya ciudadanía les brinda mayor seguridad. La desinformación política contribuye a conectar estas fuerzas al convertir a quienes buscan refugio en amenazas.

La primera fuerza es el debilitamiento de la empatía.

Las experiencias migratorias compartidas no garantizan la solidaridad. Álvaro José Corral analiza la «disociación selectiva», apoyándose en el trabajo de Lisa García Bedolla: algunos latinos se distancian de inmigrantes cuya condición estigmatizada no desean compartir. La identificación cultural puede coexistir con el apoyo a la exclusión.

El Miami cubano hace especialmente visible esta tensión. Sus instituciones y redes ayudaron a varias generaciones a establecerse en Estados Unidos. Sin embargo, debemos resistir la tentación de idealizar una época anterior de acogida universal. Susan Eckstein documentó las divisiones entre los primeros exiliados cubanos y quienes llegaron después, mucho antes del ascenso político de Trump. Las distintas experiencias de la revolución, los orígenes de clase y las relaciones con familiares en la isla produjeron interpretaciones contrapuestas del exilio y del sentido de pertenencia.

La preocupación actual es que la promesa de refugio del enclave está cada vez más sujeta a una prueba de afinidad política. Sus empresas e instituciones culturales pueden permanecer intactas mientras se debilita su disposición a defender a los recién llegados.

En conversaciones con dirigentes republicanos cubanos y venezolanos en Miami, he oído descalificar a compatriotas como socialistas por desacuerdos políticos. En la radio local, he escuchado hablar de los recién llegados mediante acusaciones de socialismo, hostilidad hacia la religión y una presunta lealtad al Partido Demócrata. También recuerdo haber escuchado al portavoz republicano Jaime Flórez afirmar en Actualidad Radio que las políticas migratorias de Biden tenían como propósito manipular las elecciones.

Estas son mis observaciones, no una encuesta de ninguna de las dos comunidades. Las posiciones públicas de Flórez también incluyen críticas a las tácticas de control migratorio: Actualidad Radio informó sobre sus objeciones a las redadas dirigidas contra trabajadores y en las inmediaciones de los tribunales en julio de 2025. Esa precisión importa. Apoyar restricciones no implica aprobar todas las prácticas utilizadas para hacerlas cumplir.

Lo que me preocupa es la prueba política en sí misma. La experiencia de desarraigo de quien acaba de llegar pasa a importar menos que su adhesión a las posiciones políticas que se esperan de un exiliado.

Veo la misma tendencia cuando dirigentes venezolanos del movimiento MAGA tildan de socialistas a compatriotas que protestan contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, en Doral. En la retórica que describo, objetar un operativo migratorio se convierte en prueba de deslealtad ideológica. La discusión deja de centrarse en si las detenciones están justificadas o si las familias reciben un trato justo y pasa a girar en torno a la supuesta orientación política de quienes plantean esas preguntas.

Incluso si un manifestante tiene ideas socialistas, ello no disminuye su derecho a recibir un trato humano ni la legitimidad de su disenso pacífico. Una solidaridad que depende de la coincidencia ideológica constituye una base frágil para la democracia.

La segunda fuerza es la aceptación de la crueldad como instrumento de control migratorio.

La evidencia procedente de los centros de detención migratoria vuelve concreta esta preocupación. La investigación de Amnistía Internacional de diciembre de 2025 reportó condiciones insalubres, atención médica inadecuada, uso prolongado de grilletes y confinamiento punitivo al aire libre en Alligator Alcatraz. La organización concluyó que algunas de las prácticas denunciadas constituían tortura.

La supervisión gubernamental posterior aportó evidencia adicional. Un informe de septiembre de 2026 del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional documentó deficiencias en la atención médica, la salubridad, el servicio de alimentación, la recreación y otras normas. También documentó el confinamiento en pequeños recintos metálicos y determinó que esa práctica era incompatible con un trato humano. El centro había cerrado en junio. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y de Florida defendieron el cumplimiento de las normas y rechazaron las denuncias sobre condiciones inhumanas.

Estas preocupaciones van más allá de un solo centro. Una investigación conjunta de Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South documentó hacinamiento, negligencia médica y trato degradante en Krome, Broward Transitional Center y el Centro Federal de Detención de Miami. Contratistas privados operaban o prestaban servicios en Krome y Broward; Alligator Alcatraz estaba administrado por el estado de Florida. La rendición de cuentas debe abarcar tanto a las autoridades públicas como a las empresas que contratan.

La prueba democrática consiste en determinar si los ciudadanos exigen responsabilidades cuando dichas condiciones salen a la luz. Apoyar la aplicación de las leyes migratorias no implica aceptar la humillación, la negligencia médica ni los castigos injustificados.

Tampoco debemos dar por sentado que los ciudadanos latinos aceptan, en general, ese trato. La encuesta de Pew de octubre de 2025 encontró que el 65 por ciento de los adultos latinos desaprobaba la política migratoria de la administración y que el 71 por ciento consideraba que sus esfuerzos de deportación iban demasiado lejos. Incluso entre los republicanos latinos, el 47 por ciento afirmaba que la administración estaba haciendo demasiado en materia de deportaciones. La solidaridad sigue siendo considerable; la comunidad está dividida.

La tercera fuerza es la desconfianza que surge de esa división.

En mis conversaciones con dirigentes republicanos cubanos y venezolanos, he escuchado que describen como delincuentes a personas cuyo Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, o cuyo permiso de permanencia temporal por razones humanitarias —el llamado parole humanitario— ha terminado, si permanecen en el país. Por ello, según ese razonamiento, merecen ser deportadas masivamente.

Este razonamiento confunde preguntas distintas. ¿Ha terminado efectivamente la protección de una persona en particular? ¿Tiene esa persona otro fundamento legal para permanecer en el país? ¿Está sujeta a deportación? ¿Ha cometido un delito?

Las respuestas no son intercambiables. Perder una protección puede exponer a alguien a la deportación, según sus circunstancias individuales. Pero estar sujeto a deportación no convierte automáticamente la permanencia en el país en un delito. La Corte Suprema reconoció esa distinción general en el caso Arizona contra Estados Unidos.

La protección temporal no garantiza la residencia permanente. Sin embargo, su terminación no borra la autorización previa de una persona para permanecer en el país, no establece culpabilidad penal ni justifica un trato degradante. Cuando estas distinciones desaparecen, una decisión gubernamental se convierte en un juicio sobre la calidad moral de las personas afectadas.

Entre los inmigrantes vulnerables con quienes converso, incluidas personas que han perdido el TPS o el parole humanitario, se repite una percepción amarga: el peor enemigo de un inmigrante latino puede ser otro latino que ya posee la ciudadanía estadounidense.

No adoptaría esa formulación como una verdad general. La tomo en serio como expresión de un sentimiento de traición. Personas que esperaban comprensión de quienes tienen historias similares encuentran, en cambio, exigencias de que se marchen y acusaciones de que sus objeciones revelan delincuencia o socialismo.

Las consecuencias pueden extenderse más allá de la política migratoria. Una investigación de Vanessa Cruz Nichols, Alana LeBrón y Francisco Pedraza encontró que una mayor intensidad de la vigilancia y el control migratorios estaba asociada con una menor confianza de los latinos en el gobierno como fuente de información sobre salud. Los encuentros con las autoridades migratorias pueden moldear las opiniones sobre instituciones que cumplen funciones completamente distintas.

Mi preocupación es que la empatía condicional facilita la justificación del maltrato, mientras que el maltrato y el abandono profundizan la desconfianza. Esa desconfianza puede debilitar los vínculos que permiten a las comunidades organizarse, buscar ayuda y participar en la vida pública.

Los latinos tienen pleno derecho a discrepar sobre inmigración, religión, política económica y partidos políticos. La solidaridad democrática exige defender los derechos fundamentales aun en medio de esas discrepancias.

Para las comunidades marcadas por el exilio, oponerse al autoritarismo en el extranjero conlleva una obligación en el país donde viven: aceptar el disenso, exigir pruebas y defender un trato humano incluso para quienes sostienen posiciones políticas que nos desagradan. La ciudadanía debería fortalecer su capacidad para cumplir esa obligación. No debería marcar el momento en que dejamos de reconocernos en quienes llegaron después de nosotros.