¿Cuán importante es (o fue) la presencia de Iran en Bolivia?
Eduardo A. Gamarra, PhDProfessor Department of Politics and International RelationsAssociate Director for Basic ResearchJack D. Gordon Institute for Public PolicyFlorida International University
La guerra desatada en las últimas semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán ha impulsado numerosas especulaciones sobre la presencia de Irán en Bolivia. Oficiales norteamericanos citados por la prensa dicen que Bolivia se había convertido en una base importante para operaciones diplomáticas y de inteligencia en todo el continente. Estos mismos alegan que Bolivia proporcionaba un ambiente que facilitaba las acciones de inteligencia y clandestinas en la región, y que la ubicación del país en el centro de América del Sur permitía las acciones clandestinas de Irán en contra de países vecinos. Desde Washington y, particularmente, después de la intervención militar que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y el cogobierno de Trump con los hermanos Rodríguez, la presión sobre el gobierno de Rodrigo Paz se incrementó para que La Paz declare a Hezbollah y Hamás como organizaciones terroristas, rompa vínculos con Teherán, y expulse a diplomáticos y otros agentes iraníes del país.
En este artículo, intento descifrar la importancia de la presencia de Irán en Bolivia. ¿Fue tan significativa la presencia de Irán en Bolivia como dicen los oficiales norteamericanos entrevistados por la prensa internacional? O, ¿fueron las relaciones entre Bolivia e Irán simplemente mucho ruido y pocas nueces? Para responder a esta pregunta, consulté exclusivamente fuentes abiertas o públicas.
Desde mediados de los 2000, la relación entre Irán y Bolivia se entiende mejor como un vínculo político-simbólico con algunas iniciativas de cooperación, más que como una presencia económica estructural o una alianza estratégica profunda. En el ciclo del “giro a la izquierda” regional, Bolivia—bajo Evo Morales—buscó socios alternativos a Estados Unidos y a los mercados tradicionales, e Irán—presionado por sanciones—buscó aliados diplomáticos y vitrinas de cooperación en América Latina. Ese contexto explica el rápido calentamiento de contactos y anuncios desde 2007, cuando Reuters informó que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad viajaría a La Paz para firmar acuerdos de energía y cooperación (fecha imprecisa para algunos detalles del paquete).
Durante la era Morales, la relación se caracterizó por visitas de alto nivel y promesas financieras importantes que, en fuentes abiertas, son difíciles de rastrear como desembolsos verificables. En 2009–2010, se reportaron préstamos y líneas de crédito de Irán para proyectos industriales, incluyendo reportes de una línea de crédito “de más de 250 millones de dólares” en 2010. Sin embargo, análisis de centros de estudio sostienen que, en varios países latinoamericanos, los montos anunciados por Irán suelen ser compromisos políticos o memorandos cuya materialización efectiva es parcial o incierta. El estudio de CSIS, por ejemplo, subraya que muchos proyectos y anuncios iraníes en la región parecen más impulsados por objetivos políticos que por lógica económica, y advierte sobre brechas entre promesas y ejecuciones (incertidumbre sobre cifras exactas por país y año). El Wilson Center también documenta esta dinámica de “promesas grandes vs. resultados variables” en la estrategia de Irán en América Latina y discute el caso boliviano dentro de ese patrón regional.
El episodio que mejor ilustra los costos diplomáticos de esa cercanía fue el caso de Ahmad Vahidi en 2011. Vahidi, entonces ministro de Defensa de Irán, era buscado por Argentina en relación con la investigación del atentado a la AMIA. Cuando visitó Bolivia, se produjo una fuerte protesta en Argentina y Bolivia terminó pidiendo su salida; Mercopress describió el hecho como una expulsión y una posterior disculpa de Bolivia hacia Argentina. Este punto es crucial porque muestra que incluso en el “momento alto” de la relación, Bolivia enfrentó límites externos y reputacionales cuando la agenda iraní tocó temas de terrorismo internacional y justicia argentina.
Tras la salida de Evo Morales y el periodo de gobierno interino, Bolivia redujo su proyección exterior. En junio de 2020, se reportó el cierre de las embajadas bolivianas en Irán y Nicaragua por razones presupuestarias, presentado como un ahorro en el contexto del coronavirus. Luego, con el retorno del MAS al poder con Luis Arce, Reuters informó en noviembre de 2020 que Bolivia restauró la relación con Irán, encuadrando esa decisión como una reversión de la política del gobierno anterior. En otras palabras, el vínculo sobrevivió, pero siguió dependiendo del signo político interno boliviano.
A partir de 2023, el aspecto más sensible pasó de la cooperación económica a la cooperación en defensa y seguridad. En julio de 2023, medios internacionales reportaron la firma de un memorando de entendimiento en defensa y seguridad entre Irán y Bolivia, lo que generó inquietud regional—por ejemplo, en Argentina—y pedidos de transparencia. En paralelo, la agencia estatal iraní IRNA presentó el acuerdo como una cooperación bilateral formal, lo que confirma que, al menos en la narrativa oficial de Teherán, la dimensión de seguridad era deliberada y pública.
Ahora bien, incluso donde la economía suele ser el argumento legitimador, los datos comerciales abiertos no respaldan la idea de una “presencia mayor” iraní en Bolivia. El Observatory of Economic Complexity (OEC), basado en reportes de comercio (UN Comtrade/estadísticas nacionales), muestra que el intercambio es muy bajo y, a veces, cercano a cero; por ejemplo, en octubre de 2024 Bolivia registró importaciones de apenas cientos de dólares y exportaciones nulas en ese mes (una fotografía que, si bien no es definitiva, es consistente con una relación comercial marginal). Esta evidencia no niega proyectos o cooperación técnica, pero sí sugiere que Irán no ha sido un socio comercial determinante para Bolivia.
En el plano de seguridad y de las alegaciones sobre Hezbollah, la literatura abierta brinda algunos matices. Un documento (Position Paper 2025) del Comando Sur de los Estados Unidos afirma que a través de un acuerdo firmado en julio del 2023, Irán habría provisto drones y botes fluviales a Bolivia y ha brindado apoyo en ciberseguridad, e incluye también una afirmación general sobre la presencia y actividad de Hezbollah en el hemisferio, con referencias que abarcan varios países (estas son aseveraciones oficiales, pero muchas provienen de inteligencia y no se acompañan de expedientes públicos detallados por país). Otro estudio reporta que Bolivia era considerada un “Estado en ascenso” en términos de la influencia iraní sobre el gobierno de Luis Arce. Según este informe, Irán, además, iba a realizar ejercicios militares en conjunto.
Otras fuentes públicas, aunque menos confiables, reportan que, según agencias de inteligencia de Estados Unidos y de Argentina, Irán construía drones como parte de los acuerdos militares secretos firmados por Evo Morales y Luis Arce. Además, reportaron que los Quds operarían una base clandestina en un hospital construido por Irán en la ciudad de El Alto. Finalmente, según esta misma fuente, cientos de documentos de identidad bolivianos habrían sido entregados a agentes iraníes para su fácil desplazamiento por América Latina.
En contraste, RAND remarca que la actividad de Hezbollah en América Latina tiende a concentrarse en la recaudación y la logística, y enfatiza los límites para inferir capacidades operativas a partir de evidencia pública dispersa. Y cuando aparecen acusaciones regionales específicas, la respuesta boliviana fue de rechazo formal: en abril de 2024, la Cancillería de Bolivia publicó un comunicado en el que rechazó alegaciones atribuidas a autoridades argentinas y exigió rectificación por falta de sustento público. En síntesis, hay alegaciones y evaluaciones oficiales estadounidenses; hay debate analítico sobre alcance y forma; pero en fuentes abiertas no abundan procesos penales bolivianos que demuestren una presencia operativa significativa de Hezbollah en el país.
El giro decisivo llega con los cambios políticos de 2025–2026. El triunfo electoral de Rodrigo Paz el 19 de octubre de 2025 (con incertidumbre sobre algunos detalles programáticos, más allá de lo citado) es, de hecho, un momento clave. Poco después, Bolivia restableció relaciones diplomáticas con Israel en diciembre de 2025, lo que constituyó un indicador visible de reorientación externa bajo el nuevo gobierno. En paralelo, tras la remoción o captura de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino en Venezuela (enero de 2026), Washington presionó a los gobiernos de la región para reducir la cooperación con Teherán; en ese contexto,ha sido pública la presión específica sobre Bolivia para expulsar presuntos operativos iraníes y adoptar designaciones vinculadas al IRGC, a Hezbollah o a Hamas.
Con todo lo anterior, mi conclusión, basada únicamente en fuentes abiertas, es que Irán no fue una presencia mayor en Bolivia en términos económicos medibles; fue más bien una relación de alta visibilidad política con resultados comerciales bajos y con una dimensión de seguridad que, desde 2023, elevó el perfil, pero también el costo y la controversia. En 2026, con Paz Pereira buscando una relación más estrecha con EE. UU. y con Washington incrementando la presión regional tras la caída de Maduro, cualquier “huella” iraní remanente, especialmente en defensa/ciberespacio, parece difícil de sostener sin generar costos diplomáticos y económicos crecientes.
Si tuviera que resumirlo para un público general, diría así: Bolivia e Irán construyeron un vínculo intenso en torno a símbolos desde 2007, con promesas grandes y momentos de tensión, como el caso Vahidi o los acuerdos del 2023. Pero el comercio siguió siendo marginal y la evidencia pública de la presencia operativa de Hezbollah en Bolivia fue limitada, aunque muy controvertida. Hoy, el nuevo alineamiento político boliviano, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la presión estadounidense, en un mapa regional reordenado, hacen probable que la relación con Irán llegue a su fin.
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