¿Se Llevará a Cabo una Deportación Masiva?

Eduardo A. Gamarra

A medida que Donald Trump se prepara para un posible segundo mandato, una de las promesas clave que sobresale es su compromiso de deportar a millones de inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos. Las estimaciones de Trump y sus asesores, como el exdirector de ICE Thomas Homan y el asesor principal de políticas Stephen Miller, sugieren que podrían deportarse entre 2 y 25 millones de personas. Sin embargo, esta ambiciosa promesa plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué tan factible es realmente una iniciativa de deportación masiva? A pesar de que existe un apoyo popular significativo para esta medida, incluido hasta el 40% de los hispanos según la Encuesta Latina de FIU, los desafíos prácticos y legales para ejecutar tal plan son inmensos.

Identificando a los “Más Peligrosos” y Realidades Prácticas de la Deportación

Mientras que la retórica de Trump se enfoca en eliminar a los “criminales peligrosos,” la ruta más expedita para lograr cifras de deportación probablemente se centraría en aquellos que ya están detenidos. En prisiones y centros de detención de inmigración en todo el país, existe una población fácilmente identificable de individuos indocumentados con condenas penales. Este enfoque podría parecer el más simple, pero incluso estas personas tienen recursos legales significativos. Independientemente de la gravedad de sus crímenes, tienen derecho a apelaciones, representación y otras protecciones de debido proceso bajo la ley de EE.UU. Estos derechos sostienen principios constitucionales y generan demoras inevitables en los procedimientos de deportación.

La cuestión se complica al considerar a los inmigrantes indocumentados que no están actualmente en detención pero que se presume culpables solo por su estatus migratorio. Este es un grupo mucho más grande y difícil de localizar, a menudo integrado en comunidades, lugares de trabajo y escuelas. Apuntar a esta población más amplia solo por su estatus de indocumentado podría arriesgar convertir a un amplio sector de la sociedad en objetivos, incluyendo a personas sin antecedentes penales. También plantea un dilema ético y legal urgente: ¿la mera falta de estatus legal justifica la categorización de “peligroso” o es una suposición que estigmatizaría injustamente a millones?

Además de las preocupaciones éticas, la redada de individuos sin antecedentes criminales requeriría recursos extensivos, una expansión significativa del personal de seguridad y coordinación con agencias locales, muchas de las cuales podrían resistir la cooperación debido a sus políticas de santuario o a la oposición pública a tales medidas.

El Debido Proceso y el Sistema Judicial

El debido proceso sigue siendo un pilar fundamental del sistema legal estadounidense. Cualquier orden de deportación, especialmente a una escala tan grande, requeriría una revisión sustancial de los procedimientos actuales para evitar sobrecargar los tribunales de inmigración ya saturados. El proceso de apelaciones es extenso, con casos que a menudo tardan años en resolverse y que no pueden ser ignorados simplemente por decreto ejecutivo. Los jueces, abogados y representantes legales se verían inundados de casos, y los tribunales de inmigración lucharían por mantenerse al día sin una nueva inversión masiva. Como el equipo de Trump podría esperar, agilizar el proceso requeriría cambios legislativos poco probables de obtener el apoyo bipartidista necesario en un Congreso dividido.

Resistencia de las Organizaciones Pro-Inmigrantes

La comunidad de defensa de los inmigrantes se ha movilizado rápidamente contra políticas que considera draconianas. Desde organizar protestas hasta emprender litigios estratégicos, estos grupos sin duda desafiarán cualquier plan de deportación masiva en los tribunales. Las estrategias legales podrían incluir la presentación de interdictos para retrasar las órdenes de deportación, la defensa de individuos en audiencias de deportación y el cuestionamiento de órdenes ejecutivas que parecen eludir las leyes establecidas. Organizaciones sin fines de lucro, facultades de derecho y abogados de inmigración ya se están preparando para estos desafíos, que probablemente prolongarían el proceso y reducirían la velocidad y escala de cualquier esfuerzo de deportación. 

La Cuestión del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole

Para aquellos que actualmente poseen Estatus de Protección Temporal (TPS) o estatus de parole, una política de deportación generalizada plantea preguntas difíciles. Estos individuos, que incluyen a venezolanos, haitianos, ucranianos y otros, recibieron protección debido a condiciones peligrosas en sus países de origen. Retirar estas protecciones podría poner en riesgo a personas vulnerables y tensar las relaciones diplomáticas con las naciones involucradas, ya que algunos países no recibirían fácilmente a un gran número de ciudadanos que regresan o no tienen la capacidad para recibirlos. Además, podría haber una significativa reacción pública y oposición moral a eliminar protecciones de grupos que buscaron refugio de turbulencias políticas, desastres naturales o violencia.

Los Desafíos Humanos y Logísticos

Deportar a millones de personas no es una tarea menor. Los recursos financieros y humanos necesarios para ejecutar esta tarea son enormes. El costo de contratar agentes adicionales de ICE, asegurar instalaciones de detención, organizar transporte y garantizar el cumplimiento de los estándares legales aumentaría rápidamente. Además, el impacto en las familias—muchas de las cuales tienen miembros que son ciudadanos estadounidenses—sería profundo, planteando preguntas éticas y logísticas sobre la separación familiar y el posible trauma infligido a niños y comunidades.

El Complejo Camino a la Deportación

La deportación masiva, aunque podría atraer a una porción significativa del electorado, está lejos de ser una solución sencilla. Incluso con el esfuezo dedicado de Homan y Miller, la propuesta de Trump se enfrentaría de lleno a obstáculos legales, logísticos, diplomáticos y éticos que demorararán su implementación. El debido proceso no puede ser evadido, la resistencia de los grupos de defensa será feroz, y los titulares de TPS y parole añaden una capa de complejidad que tomaría años, no meses, abordar. La Encuesta Latina de FIU indica un apoyo sustancial para estas medidas entre algunas comunidades hispanas, pero las dificultades prácticas de responder a la demanda popular son mucho más desafiantes que ganar una elección.